PACO SANTIAGO de profesión PREVARICADOR

FRANCISCO SANTIAGO

de profesión prevaricador

Francisco Santiago. Concejal de Nueva Canarias. Exalcalde de Telde entre 1979-1987, 1991-2003 y 2007-2011.

Telde.- La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso del exalcalde Francisco Santiago Castellano contra el fallo judicial que le condena a 7 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público, tras probarse que cometió un delito de prevaricación administrativa al permitir la construcción del Centro de Emergencia Social de Yrichen en una parcela rústica de San Antonio. Todo ello a pesar de ser consciente de su ilegalidad.

 

En una sentencia fechada el 22 de julio de 2016 de 26 páginas, a la que ha tenido acceso TELDEACTUALIDAD, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas viene a desestimar el recurso de apelación que Francisco Santiago interpuso contra el fallo por el que el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria lo condenó en julio de 2013. 

 

Un recurso que había sido impugnado tanto por el Ministerio Fiscal como por la Agrupación Federal del Valle de Jinámar (Ciuca), ya que el partido que lidera Guillermo Reyes ejerció de acusación particular.

 

Santiago pedía a este alto Tribunal, presidido por Miguel Ángel Parramón y en el que en esta ocasión actuó como ponente la magistrada Eugenia Cabello Díaz, que le absolviera del delito prevaricación administrativa, en base a una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a un error en la valoración de las pruebas y también al entender que no concurría los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal por el que fue condenado.

 

Sin embargo, la Sala echa por tierra las pretensiones del condenado e incluso va más allá recogiendo que Francisco Santiago, en calidad de máxima autoridad local, no ordenó paralizar la ejecución de las obras de construcción de este centro de atención a toxicómanos y drogodependientes en una parcela rústica de La Pardilla reservada para un parque, pese a ser consciente de la ilegalidad de las mismas.

 

También señala que el hoy exalcalde “actuó a sabiendas de la injusticia de su comportamiento omisivo y con la voluntad decidida de que se culminase la construcción” del inmueble de Yrichen, permitiendo que “de manera clamorosa” se incumpliesen las urbanísticas y de ordenación del territorio.

 

En este sentido, el fallo precisa que Santiago “superpuso su decisión personal a la normativa que está no sólo obligado a observar y cumplir, sino respecto de la cual, además, tiene competencias para controlar su sujeción a ella por parte del resto de ciudadanos en el municipio”, manteniendo durante la ejecución de las obras una actitud de “absoluta pasividad”.

 

Dimisión como concejal después de 34 años

Hay que recordar que fue precisamente esta condena lo que en 2013 motivó a Francisco Santiago a abandonar la actividad en la primera línea política, dimitiendo como concejal de Nueva Canarias en la oposición del Ayuntamiento de Telde, después de 34 años de presencia ininterrumpida en el salón de plenos del Consistorio local, 24 de ellos como alcalde.

 

El Caso Yrichen también sentó en el banquillo de los acusados a los ex concejales Ildefonso Jiménez Cabrera, Marcelino Galindo Santana y Julián González Santiago, así como a los arquitectos Elisenda Monzón y Antonio Betancor, todos ellos absueltos de los delitos que se les imputaban.

 

Además de ratificar la sentencia que en su día dictó la jueza Eva Armesto González, la Audiencia obliga a Francisco Santiago a hacerse cargo de las costas por la interposición del recurso. Contra esta resolución judicial ya no cabe interponer recurso ordinario alguno.

 

Todo empezó en la década de los 90

La obra para el centro de Yrichen se inició a finales de los 90 en un solar que tenía la categoría de rústico y que luego pasó a ser calificado como espacio reservado para parque urbano, pero nunca constó como suelo urbanizable en el Plan General.

  

El grupo de gobierno que comandaba Santiago en aquel mandato siempre achacó a un error en los planos lo ocurrido en La Pardilla, e intentó luego subsanarlo con una modificación del PGO que no se volvió a mover hasta que el nacionalista recuperó el bastón de mando, en 2007.

  

Antes, una fiscal que vivía cerca del inmueble presentó una denuncia, y luego fue la AFV de Guillermo Reyes la que se personó como acusación. El caso anduvo en los juzgados y en 2007 se ampliaron las imputaciones que pesaban sobre los arquitectos hasta Santiago, el entonces edil de Patrimonio, Ildefonso Jiménez, y los ex munícipes Marcelino Galindo y Julián González.